La psicología forense, una disciplina que une el derecho y la psicología, ha experimentado un crecimiento significativo en la República Dominicana, aunque enfrenta obstáculos persistentes para su plena integración en el sistema de justicia. Desde sus inicios, marcados por una limitada comprensión de su potencial, hasta su rol actual en evaluaciones de imputados, víctimas y testigos, la especialidad ha recorrido un camino de consolidación. Sin embargo, la falta de recursos, la necesidad de formación continua especializada y la resistencia a la adopción de nuevas metodologías son barreras que aún impiden que su contribución sea tan amplia y efectiva como podría ser.
Los primeros pasos de la psicología forense en el país estuvieron condicionados por la inexistencia de programas académicos formales y una escasa divulgación de sus aplicaciones. Durante las décadas de 1980 y 1990, los profesionales que incursionaban en este campo a menudo lo hacían de manera autodidacta o tras formaciones en el extranjero, aplicando conocimientos generales a casos concretos. La figura del perito psicólogo era poco común, y sus informes, cuando existían, no siempre contaban con el peso y la credibilidad que hoy se espera. La transición de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, formalizada con la Constitución de 2010 y el Código Procesal Penal, creó un nuevo marco legal que, en teoría, abría más puertas a la experticia psicológica. Este cambio impulsó la demanda de evaluaciones más rigurosas y objetivas, particularmente en áreas como la determinación de la capacidad mental de los imputados o la evaluación del daño psicológico en víctimas.
Actualmente, la psicología forense en la República Dominicana se manifiesta en diversas áreas clave del sistema judicial. Una de las funciones más demandadas es la evaluación de la imputabilidad, donde el psicólogo forense determina si un individuo, al momento de cometer un presunto delito, poseía la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos o de controlar su conducta. Estas evaluaciones son cruciales para la defensa y la fiscalía, influyendo en sentencias y medidas de seguridad. Otro ámbito importante es la evaluación de víctimas, especialmente en casos de violencia de género, abuso infantil o trauma. Aquí, el psicólogo busca cuantificar el impacto psicológico de los hechos, proporcionando elementos para la fijación de indemnizaciones y para la protección de la víctima. Asimismo, la intervención con testigos, tanto adultos como menores, para mejorar la calidad de sus declaraciones y evaluar su credibilidad, es una práctica creciente. La formación de psicólogos en este campo se ha visto impulsada por la oferta de posgrados y diplomados en universidades locales, lo que ha elevado el nivel técnico de los profesionales.
A pesar de estos avances, los desafíos son considerables. La falta de inversión estatal en el desarrollo de la psicología forense se traduce en una escasez de laboratorios especializados y herramientas de evaluación estandarizadas y validadas para la población dominicana. Los peritos forenses a menudo deben recurrir a pruebas importadas, cuyos baremos pueden no ser completamente aplicables. La formación continua es otro punto crítico; si bien existen programas académicos, la actualización constante de los profesionales frente a nuevas técnicas y corrientes teóricas no siempre está garantizada. Además, persiste una brecha en la comprensión y aceptación de la psicología forense por parte de algunos actores del sistema judicial, incluyendo jueces y abogados, quienes a veces desconfían de los dictámenes psicológicos o los interpretan de manera superficial. Finalmente, la protección y el apoyo a los peritos forenses ante posibles presiones o amenazas, especialmente en casos de alta complejidad o notoriedad pública, es un aspecto que requiere mayor atención para asegurar la independencia y objetividad de su labor. Superar estas barreras es fundamental para que la psicología forense alcance su máximo potencial en la búsqueda de justicia en la República Dominicana.